Condena penal por delito de estafa y responsabilidad del administrador:
- Empresa: PYME dedicada al sector de reformas, obras e instalaciones.
- El Caso: Un mando intermedio de la organización desvió fondos de los clientes de forma continuada mediante certificaciones de obra infladas y falsas facturas. La dirección de la PYME alegó desconocer las prácticas de su empleado y carecer de intención delictiva.
- La Sentencia: Siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo (como en la STS 36/2022), el Alto Tribunal dictaminó que la responsabilidad penal de la empresa es autónoma cuando existe un «defecto de organización». Al carecer de un Plan de Compliance Penal, la sociedad no pudo acogerse a la eximente legal.
- La Consecuencia: La empresa fue condenada al pago de cuantiosas multas, la pérdida de su capacidad para contratar con el sector público y el cierre temporal de actividades. De forma paralela, el administrador de la PYME tuvo que responder judicialmente por falta de supervisión eficaz, enfrentándose a penas accesorias y al embargo de sus bienes.
Sanción por falta de Canal de Denuncias:
- Empresa: Conocida App de reparto a domicilio.
- El Caso: La Generalitat de Cataluña impuso una sanción histórica a la compañía tras una inspección de trabajo. El motivo directo fue la total ausencia de un canal de denuncias interno obligatorio y la falta de un plan de igualdad implantado a tiempo.
- La Sanción: La multa por no disponer de este sistema interno ascendió a 60.000 euros (aplicada bajo la legislación laboral previa a la Ley 2/2023). Si esa misma inspección ocurriera hoy bajo la nueva ley, la multa mínima de partida para personas jurídicas de 600.001€.
Caso de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) ante la AEPD:
- Entidad: Centro de formación superior.
- El Caso: La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sancionó a la institución tras recibir la queja de un usuario. La universidad utilizaba una herramienta externa de denuncias, pero el sistema falló técnica y organizativamente, exponiendo y filtrando los datos de identidad de la persona No basta con instalar un software. Si el sistema se configura mal o no lo gestiona un experto, la protección del informante se rompe y expone a la organización a cuantiosas multas por vulnerar la normativa.