PROTEGE TU PYME FRENTE A RIESGOS LEGALES Y SANCIONES
Asesoramiento integral y planes de Compliance personalizados. Diseñados para la absoluta tranquilidad de tu negocio.
¿Sabías que un incumplimiento legal puede costar el cierre de tu PYME?
Sanciones Económicas
Multas severas que ponen en riesgo la viabilidad financiera de tu negocio.
Canal de Denuncias
Gestión e implantación obligatoria según la Ley 2/2023 para evitar inspecciones y sanciones.
Responsabilidad Penal
Protección jurídica directa para los administradores y directivos frente a delitos internos.
Nuestros Servicios de Compliance para PYMES
Implantación de Planes
Diseñamos e integramos modelos personalizados de prevención de riesgos penales adaptados al tamaño de tu PYME.
Canal de Denuncias Externo
Gestión e implantación integral del sistema interno de información obligado por la Ley 2/2023, garantizando total confidencialidad.
Auditoría Jurídica
Evaluamos el estado de cumplimiento de tu negocio para detectar brechas legales antes de recibir una inspección.
Rigor Jurídico y Compromiso Directo con la PYME
En Canal Cumplimiento ayudamos a pequeñas y medianas empresas a operar con total seguridad jurídica en la Comunidad de Madrid. Nos integramos como un socio estratégico externo para diseñar, auditar e implantar planes de prevención penal y canales éticos a medida. Nuestro valor diferencial radica en una implicación absoluta en cada proyecto, garantizando un asesoramiento riguroso, ágil y sin la burocracia de las grandes consultoras impersonales.
¿Está tu negocio 100% protegido ante inspecciones?
Evita sanciones económicas y responsabilidades penales. Agenda hoy mismo una sesión de diagnóstico gratuito para evaluar el estado legal de tu empresa.
Preguntas frecuentes sobre el Canal de Denuncias
Todas las empresas españolas que tengan 50 o más trabajadores en su plantilla, independientemente de su sector de actividad.
El plazo obligatorio fijado por la Ley 2/2023 ya ha vencido. Por lo tanto, las empresas que no lo tengan implantado se encuentran actualmente en situación de infracción y riesgo de inspección inmediata.
La normativa establece multas muy graves que pueden llegar hasta los 1.000.000 euros para la persona jurídica, además de posibles responsabilidades y sanciones personales para los propios administradores del negocio. Igualmente, el tribunal puede dictar la prohibición de obtener subvenciones públicas o de contratar con la Administración durante un periodo de hasta cuatro años.